“Llegó el tiempo de las víctimas”: Angelino Garzón. Una mirada al proyecto de ley de víctimas desde las entidades territoriales, Alcaldes y gobernadores presentaron al gobierno sus observaciones desde la experiencia local

30/03/2011

“Quiero transmitirles la decisión política del Presidente de hacer hasta lo imposible para que la Ley se apruebe en este primer semestre. La Ley que estamos proponiendo no es perfecta, pero si nos ponemos a buscar la Ley ideal se nos van 20 años más y no vamos a aprobar ninguna Ley. Ésta es la más realista: puede tener vacíos, algunos sectores pueden no verse reflejados, pero su principal virtud es que vincula al Estado y a la sociedad. Porque la verdad es que en el pasado fuimos  más bondadosos con los victimarios y menos sensibles con las víctimas. Ése es el mensaje fundamental: llegó el tiempo de las víctimas”,  afirmó el vicepresidente Angelino Garzón en el encuentro “Las Entidades Territoriales ante el Proyecto de Ley de Víctimas”, que fue realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

Este diálogo gobierno nacional-entes territoriales reunió a mandatarios locales y sus equipos técnicos para presentarle al Ejecutivo y al Congreso sus dudas, propuestas  y observaciones al proyecto de Ley.

 

“Son las regiones, departamentos y municipios los que viven diariamente la violencia generada por el conflicto. Los gobiernos locales viven al lado de las víctimas y tienen la responsabilidad ética y política de responder a sus demandas. Y es en las regiones donde se han desarrollado experiencias muy importantes en la respuesta institucional a las demandas y derechos de las víctimas.  Como vemos, no se trata de sólo del pasado.  Con frecuencia seguimos viendo la tragedia de  asesinatos, amenazas, violaciones de los derechos humanos. En este contexto rechazamos y condenamos enérgicamente los recientes asesinatos de Bernardo Ríos, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; David Goez,  líder de Urabá; y Éder Verbel Rocha, líder de Movice en San Onofre”, dijo Silvia Rucks, directora de País del PNUD. 

 

Tras un encuentro previo en el que representantes de entidades territoriales (Nariño, Medellín, Bogotá, Antioquia, Cartagena, Cesar, Meta) evaluaron la Ley a la luz de sus experiencias y acordaron propuestas concretas para el Ejecutivo y el Legislativo. Crear Comisiones regionales de la verdad e incluir la realidad de las ciudades en el proyecto de Ley, como es el caso del desplazamiento forzoso urbano, fueron algunas de las propuestas del alcalde de Medellín Alonso Salazar, en tanto que Francisco Javier Álvarez, alcalde de San Carlos, contó la importancia que para un retorno organizado y apoyado institucionalmente ha tenido el trabajo coordinado San Carlos – Medellín: “De 27.000 habitantes que teníamos se desplazaron 21.000. Hoy, gracias a este esfuerzo conjunto, ya han retornado 10.000”, explicó a los asistentes de este encuentro que tuvo lugar en el Hotel Tequendama de Bogotá. 

 

Al explicar el interés de la Aecid y el PNUD en la realización de este encuentro, Miguel González, director de la cooperación española, explicó: “El proyecto de Ley representa un claro punto de convergencia entre la voluntad del gobierno y la comunidad internacional. Es muy satisfactorio poder acompañar este proceso que busca fortalecer el diálogo y la articulación entre el nivel nacional y el territorial entendiendo que este proceso comenzará verdaderamente cuando se apruebe la Ley. Ése será el punto de partida, no el punto de llegada. En un país tan diverso cono Colombia, la Ley debe ofrecer un marco claro que se adapte a esta diversidad”.

 

Las dimensiones del proceso de reparación. Al establecer la dimensión de este reto para el país, el Vicepresidente explicó que se trata de 4 millones de víctimas, o sea un millón de familias para un periodo de reparación de 10 años. Esto es, indicó, atender unas 8500 familias por mes, 350 familias por día,  con una inversión que se calcula entre 45 y 50 billones de pesos.

 

En cuanto al rol de la cooperación internacional señaló: “El Estado colombiano no ha supeditado la aprobación de la Ley a si hay o no recursos de la comunidad internacional porque es un compromiso del Estado colombiano”. Y en torno a las dificultades del proceso precisó: “Este proceso requiere mucho diálogo, mucha consulta y mucha participación de la sociedad civil.  Es un proceso duro, aquí hay mucho criminal suelto,  gente que no quiere que esto salga adelante. Es un proceso que se ha puesto a andar en medio de la existencia de organizaciones armadas ilegales que aún pueden hacer mucho  daño y tienen aliados muy poderosos, como la corrupción, la impunidad y la extrema miseria”. 

 

Con relación a la posición gubernamental respecto a la Ley, el Vicepresidente afirmó: “Las víctimas están ubicadas en municipios concretos, por eso las alcaldías y las gobernaciones tendrán un rol central en la aplicación de la Ley y en todo el proceso de reparación. El gobierno es el primer responsable y por eso ha destinado recursos en el Plan de Desarrollo. Tenemos que trabajar todos para que los planes locales y regionales  también incluyan recursos”.

 

Angelino  Garzón explicó los 4 pilares de la Ley, si bien dijo que aún no es clara la coordinación:

1. Reparación en materia administrativa y humanitaria: hay quienes creen que debe hacerla Acción Social, otros ponentes creen que debe crearse una nueva entidad.

2. Restitución de tierras con una institucionalidad clara para que sea eficaz

3. Reparación psíquica y psicosocial (vivienda agua potable...). Debe haber una clara figura de coordinación institucional que coordine los programas, ministerios y entidades territoriales para que sean m eficaces. Se debe incluir a la población desplazada y un enfoque diferencial.

4. Memoria histórica: creación de un centro de la memoria. “Para que nunca más se vuelva a repetir”.

 

Temas sensibles para las entidades territoriales

Al señalar que en más de 750 municipios colombianos hay víctimas, el alto consejero presidencial Diego Molano hizo importantes precisiones:”Esta Ley no avanza de cero. El país ha venido haciendo un esfuerzo para legislar sobre las víctimas. Por eso sabemos que es fundamental que el nuevo arreglo institucional incluya claramente el rol  de las entidades territoriales”.

 

Molano explicó los principales cambios que introduce el Proyecto de Ley: de múltiples sistemas de atención a víctimas se pasará a uno solo, integrador, tanto en cuanto a definiciones, como a registros y estrategias de atención, a fin de lograr la reparación en todas sus dimensiones.  Señaló que Acción Social ha identificado  temas muy sensibles para las entidades territoriales como, por ejemplo:

 

·         La información: necesidad de contar con una red nacional de información unificada

·         La participación: necesidad de clarificar los mecanismos de discusión con las entidades territoriales. De momento existen múltiples comités. De igual modo, debe establecerse una participación más activa  de los alcaldes en la definición de quiénes son las víctimas y cómo deben concluir los procesos de restitución de derechos.

·         La atención: evitar “la pelota de tenis”.  Debe contarse con un único sistema de atención integral.

·         El financiamiento: los recursos y su asignación.

·         La diferenciación entre los entes territoriales: generar un sistema de acompañamiento y atención integral de los entes territoriales que reconozca sus diferencias en cuanto a capacidades y recursos.

·         La integración: necesidad de ir generando en lo local un sistema de integración entre las víctimas, sus comunidades y los pobres históricos, a fin de ir combinando los esfuerzos del Estado y la sociedad.

·         La definición e integración de los roles de las personerías y las defensorías.

·         El aprovechamiento de las capacidades y experiencias valiosas de entidades territoriales

 

Por último, Diego Molano explicó tres elementos que se han incluido en el Plan Nacional de desarrollo: los nuevos convenios-plan (bolsas comunes para desarrollar procesos); posibilidad de que los entes territoriales puedan hacer inversiones en otros territorios (por ejemplo, fomentar retornos y reubicaciones); el aprovechamiento de as regaláis para apoyar la atención a víctimas.

 

Propuestas de las entidades territoriales al proyecto de Ley de víctimas

 

La compilación de estas propuestas fue entregada el lunes 28 de marzo a los ponentes del proyecto de Ley de víctimas.

 

Propuestas al Legislativo

·         Reiterar las facultades a los gobiernos territoriales para crear programas de atención a nivel municipal, según el artículo 158, párr. 2.

·         Incorporar el principio de corresponsabilidad, en el cual se especifique que la reparación será un gasto social prioritario, de manera que se cree una categoría especial en la ley 715. Por ejemplo, replicando el modelo de presupuestos destinados vía SGP, para que se incluya otro renglón sobre la temática dada la magnitud del problema y el control que en el tema tiene el gobierno nacional.

·         Aplicar los principios de subsidiariedad y complementariedad de acuerdo a las competencias y capacidades de los entes territoriales.

·         Fortalecer los Consejos de Política Social a través de facultades para que sean un mecanismo regulador y de planeación en la implementación de ley de víctimas, teniendo en cuenta las políticas diseñadas en los consejos que estipula la Ley.

·         Incluir un principio de delegación entre nación y entes territoriales, que tenga en cuenta los sistemas de regulación y que partan de consulta previa e informada a los entes territoriales que obliguen a la nación. .

·         Formular en el proyecto de ley la conformación de los recursos del nivel nacional y su descentralización a nivel territorial, a partir de los ejercicios participativos que se desarrollen a nivel local.

·         Facultar a las entidades territoriales para que articulen  los esfuerzos institucionales en una unidad administrativa determinada.

·         Incluir al secretario de gobierno y al director del programa de víctimas en el comité territorial mencionado en el artículo 165, y especificar que el gobernador y el alcalde podrá delegar en el director su participación en el comité.

·         La financiación de los programas de atención psicosocial establecidos del artículo 138, debe hacerse a través de asignación y transferencia a los entes territoriales y no a través del FOSYGA, para garantizar la atención diferencial, que se complementara con la oferta de servicios en salud mental de las entidades territoriales, mediante los recursos que contemple la ley.

 

 

Propuestas al Ejecutivo

·         Especificar criterios objetivos y metodológicamente unificados, para que el proceso de caracterización o censo tenga en cuenta cuál es el universo de víctimas, sus necesidades y expectativas.

·         Formular estrategias de estímulos fiscales para los entes territoriales que atienden población víctima.

·         Incorporar mecanismos de fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de los entes territoriales para garantizar la atención integral a las víctimas.

·         Previo a la delegación que confiere la ley de víctimas a las entidades territoriales y a las instituciones del orden nacional con presencia territorial, es necesario evaluar sus capacidades y competencias, así como los contextos políticos.

·         Partir del reconocimiento de las buenas prácticas desarrollas por algunos entes territoriales en atención y reparación a víctimas validando dichos procesos como punto de partida para la implementación de la oferta institucional, debido a que es necesario evaluar la pertinencia de la creación de los centros únicos de atención a víctimas por parte del nivel nacional en algunos entes territoriales.

·         En el proceso de definición de las políticas, se deben incorporar mecanismos de consulta vinculante a los entes territoriales, teniendo en cuenta la responsabilidad que estos deberían asumir.

·         La formulación de los  planes nacionales y territoriales  de atención y reparación a victimas deben ser el resultado de los procesos de participación efectiva de los entes territoriales.

·         Definir las competencias de los departamentos y municipios, que garanticen el cumplimento del los preceptos que estipula la ley.

·         El COMPES  deberá tener un tratamiento diferenciado de acuerdo a la capacidad territorial y magnitud de la afectación de las víctimas.

·         Se debe tener previsto para la reglamentación de la ley, la necesidad de crear un comité consultivo con participación de entes territoriales y autoridades del nivel nacional, que pueda fungir como órgano asesor de los municipios en el diseño de los Planes de Reparación a nivel territorial.

·         Reconocer la importancia política de la temática de víctimas con la creación de una institucionalidad a nivel local con una interlocución política, capacidad de gestión administrativa y presupuestal.

·         Los planes de desarrollo deben incluir en el presupuesto un porcentaje destinado para las víctimas y  establecer un procedimiento especial en el tema de recursos para invertir en programas territoriales de atención a víctimas.

·         Es necesario la creación de un sistema de monitoreo para el sistema de información único que crea la ley de víctimas.

·         Garantizar el acceso por parte de los entes territoriales al registro único de victimas.

·         Dotar a las instituciones del orden nacional presentes en el territorio de capacidad de toma de decisión y de mayor capacidad de gestión para la implementación efectiva de la ley y de articulación en el territorio.

 

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