540 Hospitales públicos en riesgo de liquidación en Colombia

27/08/2013

FND, FCM y ACESI advierten inconveniencias de medidas de ajuste fiscal en hospitales públicos

 

 

540 Hospitales públicos en riesgo de liquidación en Colombia

 

 

Planes de saneamiento fiscal de Hospitales del Ministerio de Hacienda, buscan solvencia financiera provocando una insolvencia social en servicios de salud


Bogotá 27 de agosto de 2013. Luego de un exhaustivo análisis realizado en forma conjunta por la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios, y la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, las tres entidades coincidieron en cuestionar la forma como el Gobierno Nacional ha propuesto enfrentar el problema de mejoramiento en el desempeño de los hospitales públicos del país. Califican la propuesta de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como inapropiada, por cuanto como solución, se obliga a los hospitales a aplicar reglas de ajuste fiscal, que se cuestionan en su finalidad, metodología y resultados esperados, ya que se pretende conseguir una solvencia financiera que conduce a provocar una insolvencia social de los hospitales públicos colombianos.


En el análisis que hacen estas entidades, se considera como muy preocupante que el Gobierno Nacional plantee que ante la  crítica situación de los hospitales públicos la solución se reduzca a planes de saneamiento fiscal y financiero, como si la única causa  de una deficiente gestión de los hospitales fuesen sus costos administrativos y operativos. Se desconocen el contexto de responsabilidad de otros actores del sistema en el ineficiente e insuficiente flujo de recursos que a diario pone a los hospitales en riesgo de supervivencia. La propuesta del gobierno es amenazar la red pública de hospitales con su  fusión, liquidación, ó intervención.


En este panorama de ajuste, aparece como si la solvencia financiera de los hospitales públicos  dependiera únicamente de su propia capacidad de cobro, sin considerar que la voluminosa deuda y las limitaciones de recaudo efectivo, dependen de manera importante tanto de las EPS como de las entidades que como la Superintendencia de Salud, son las encargadas de hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de pagos a la red de hospitales. Para las entidades territoriales es inapropiado poner en marcha este tipo de solución basada únicamente en el ajuste fiscal y consideran su aplicación socialmente incorrecta, desde una perspectiva  de garantía de acceso a servicios de salud para los colombianos.


La amenaza es de gran magnitud: son 540 hospitales públicos que se han convertido en objetivo de liquidación. Al menos en la mitad de estos hospitales aunque su facturación es rentable, su recaudo efectivo en el año 2012 no alcanza a cubrir sus compromisos de gasto, en promedio, de cada $ 100 pesos facturados, solo se recaudaron $ 61 pesos. Esto sin considerar la multiplicidad de limitaciones alrededor de los procesos contractuales de compra-venta de servicios, como ocurre por ejemplo con las irrisorias tarifas que se imponen para contratar los servicios capitados en los niveles básicos de atención en hospitales públicos.


Por ello, los voceros de los entes territoriales y las ESE indicaron la inconveniencia de que el Gobierno Nacional, aplique a los hospitales el mismo programa de ajuste  fiscal, que viene aplicando hace una década a las entidades territoriales, para que simplemente ajusten sus gastos a lo que recaudan por la venta de servicios, dado que irremediablemente esta solución pasa por el ajuste de la oferta de servicios de los hospitales a sus comunidades. No obstante, estos gremios consideran que no deja de ser positivo, que en aquellos casos en donde se identifiquen gastos excesivos o inapropiados, los mismos sean corregidos, contra ello no existe oposición alguna. Pero quieren dejar en claro que estas exigencias de ajuste son las apropiadas cuando la responsabilidad directa del desajuste es del propio hospital. No así, cuando la responsabilidad se encuentra en manos de terceros sobre los que no se tiene posibilidad de actuar, para poder comprometer resultados de gestión que están por fuera de su alcance. Estos terceros son tanto las EPS como la propia Supersalud.


Esta respuesta basada en reducción de servicios de salud o de acceso a los hospitales, no es una solución de fondo. Corresponde a la capacidad del Estado, garantizar que las EPS le paguen a los hospitales los servicios que se les prestan y la recuperación de la cartera que les adeudan. Por ello las tres entidades se preguntan ¿cuáles son las medidas efectivas al día de hoy, tomadas por las autoridades de control en salud del Gobierno Nacional, para que los deudores de la Red Pública Hospitalaria cancelen los más de $ 4 billones de pesos que les adeudan?.


Los curioso es que “Los municipios colombianos honraron sus deudas con el régimen subsidiado” ¿Porque no se ha obligado  a las EPS a hacer lo mismo con la deuda que tienen con los hospitales?


De proceder con una solución de ajuste fiscal generalizada y homogénea para todos los hospitales, se buscaría lograr un equilibrio financiero, que al basarse en el recorte en la oferta de servicios, estaría provocando una indeseable insolvencia social, que pondría en cuestionamiento la política social en salud del país. No hay que olvidar que la propia Corte Constitucional, han ratificado la necesidad de garantía de resultados sociales de los hospitales públicos, por encima de la renta económica en la Sentencia C-540 de 2001.


Al final los voceros de la Federación Colombiana de Municipios, Federación Nacional de Departamentos y la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, dijeron: “Reconocemos que es importante revisar la situación de los hospitales en riesgo financiero, pero provocando un análisis contextualizado de asunción de responsabilidades de los demás actores de quienes depende la salud financiera hospitalaria. Existen muchos elementos que se deben revisar, como ocurre con la validez de la aplicación de indicadores utilizados para determinar el grado de riesgo de las instituciones o la actual alarma de crisis de sostenibilidad hospitalaria generada por el incremento de gastos que se habrían de asumir con la orden de la Corte Constitucional de formalización laboral en el sector, ya advertido por el propio Minsalud.


Es nuestra responsabilidad advertir al  Gobierno Nacional, que una solución desde una mirada univoca de una perspectiva fiscal y de hacienda es una solución desafortunada a una problemática que de fondo que no se estaría corrigiendo. El llamado es a revisar la finalidad, metodología y resultados esperados de la estrategia de ajuste fiscal y financiero que ordenara la ley y que se puso en práctica por la DAF en el Ministerio de Hacienda”.


Federación Nacional de Departamentos -FND-, Federación Colombiana de Municipios -FCM- y Asociación de Empresas Sociales de Estado e IPS Públicas    -ACESI-

 

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